El despilfarro deconstruido

Enrique Calvet en Expansión.


Existen dos verdades compartidas por la “intelligentsia” económica mundial y española: que España necesita como el aire reformas estructurales y que el sector público debe reducir drásticamente su gasto. Sobre el primer tema, produce una extrema languidez volver a citar lo obvio y volver a chocar contra el cortoplacismo de los actores políticos y la anteposición de sus intereses personales al bien común. El patético debate sobre los Presupuesto dejó claro que tal documento ha dejado de ser un instrumento de política económica para ser un instrumento de chalaneo para asegurar un año más de poltronas , normalmente a cambio de concesiones a quién más empeño tiene en desguazar España. Pero, nuestra impecablemente peinada ministra de economía sí dejó una pregunta clave de cara al segundo tema. ¿De dónde se va recortar el gasto pública? O, dicho de otra manera ¿de qué hablamos cuando pretendemos reducir el gasto público?
Uno de los hechos diferenciales de España, con respeto a los países de su entorno económico ( además del megaparo, la megadeuda, etc...) que se suele ignorar, es que nuestra nación ha aumentado vertiginosamente su déficit estructural. El que no atiende a ciclos económicos, sino a las estructuras de la Nación. Deconstruyamos llanamente el gasto público en su conjunto para entender bien lo que nos pasa.
En primer lugar tenemos el gasto evitable derivado de la mala gestión. Son muchos los ejemplos. Una mala decisión en la compra de equipamientos indispensables, una pobre política de selección de funcionarios, una inspección fiscal mejorable, etc... Siempre hemos de exigir la excelencia, pero, sinceramente, no se puede esperar gran ahorro en este campo, ocupe quién ocupe la gestión de gobiernos nacional, regionales o municipales. Sin demagogias, hay que exigir continuamente la mejora, pero no pensar que es la solución radical a nuestro déficit.
En segundo lugar, más grave, está el despilfarro nocivo para el bien común que se deriva de decisiones políticas clientelistas, electoralistas, o, sencillamente, delirantes. Aquí podemos recordar, entre muchas, la subida salarial a los funcionarios en 2009, en plena recesión, o el letal (para el bien común) sistema de financiación de la Cataluña ibérica, ampliable a toda región. Pero también la apertura de embajadas regionales o la financiación de brigadas de inspectores (y delatores) para erradicar el español de los comercios hispanocatalanes. No olvidemos las prescindibles obras faraónicas de Madrid, dejándola como ciudad campeona del endeudamiento, o la construcción de pistas de vuelo sin motor en un pueblo de la Extremadura profunda de 820 habitantes...! Con esos “delirios económicos” hay que acabar. Si bien terminar con esas prácticas tendría aún más réditos morales que económicos, el ahorro en el derroche sería importante. Pero cierto es que nuestro gasto estructural seguiría siendo insostenible.
Y es que queda el meollo. El gasto estructural derivado del sistema en que hemos transformado, los dos últimos decenios y sin fundamento, el orden constitucional que nos dimos en el 78, es un pozo sin fondo irracional. Y lo es por tres caminos. Primero por la simple medida cuantitativa de instituciones improductivas triplicadas, de la creación de centenares de miles de funcionarios duplicados, de la multiplicación de gastos suntuarios. ¿España se puede pagar 17 parlamentos, o profusión de universidades de dudosa calidad, o aeropuertos a medio utilizar? Ya no. Segundo por la reducción al absurdo de las facultades del Estado para aplicar políticas nacionales (justicia, educación, sanidad, política social...) con sus economías de escala y su visión global del bien común. ¿España se puede permitir la fractura de su mercado único en diecisiete o que el Estado no pueda controlar el despilfarro letal y opaco de las regiones? Ya no. Finalmente está el enorme coste de ineficiencia que supone el funcionamiento de administraciones superpuestas, encontradas, sin control ni coordinación, con la multiplicación de intereses politiqueros destructivos. ¿España se puede permitir que ser atendido de un síncope en una región distinta a la de su empadronamiento se convierta en un calvario costoso y larguísimo de papeleo y trámites? ¿Y un juicio? ¿Y la escolarización de su hijo cuando uno es trasladado? Ya no.
Mientras vendimos suelo y con ello pagamos ayuntamientos y grandes negocios cuyos impuestos mantenían el derroche podíamos sostener este modelo irracional y malévolo para el bien común. Pero el espejismo se fue y no volverá. Ya no. Ahora el sistema es insostenible. En ello está la realidad de nuestro despilfarro y en modificarlo está la única solución.
Me barrunto que de los que vivimos el momento de votar la Constitución, una inmensísima mayoría no se imaginaba ni por asomo que acabaría en esto. Es hora de reducir de verdad la sinrazón y el gasto público estructural. Y ello requiere retomar el sistema entero, tal vez con transformaciones constitucionales, tal vez con su simple aplicación sensata. Será mejor que nos pongamos a ello tranquila pero urgentemente, o se impondrá la cruda realidad....¡Y crudamente!