Lenguas y Enseñanza

Artículo de Xavier Pericay, en ABC.

«PISSARRA», como su nombre indica, es una pizarra. Pero no es sólo eso. Al menos en Baleares. Y es que allí «Pissarra» también es la revista del STEI, o sea, del Sindicat de Treballadores i Treballadors-Intersindical de les Illes Balears. Como seguramente ya habrán adivinado, una organización sindical que posee un órgano de comunicación llamado «Pissarra» no puede dedicarse más que a la enseñanza. Con todo, el STEI, que se define como un sindicato asambleario, de clase, ecologista, internacionalista, feminista y nacional -es decir, partidario del derecho de autodeterminación de Baleares, lo que conlleva (traduzco, claro) «la plena reivindicación y expansión de la lengua catalana como un elemento esencial de la mejora de la clase trabajadora de las Islas»-, también admite afiliados procedentes de otros sectores.
Aun así, a qué engañarnos, STEI remite básicamente a enseñanza. A enseñanza pura y dura. Para entendernos, el STEI es a Baleares lo que la USTEC a Cataluña: un sindicato con sus intereses particulares, pero, ante todo, una eficaz correa de transmisión de un interés mayor, el nacionalismo, felizmente gobernante allí como aquí. A nadie debería extrañar, en consecuencia, que la «Pissarra» a que aludíamos al principio refleje a las mil maravillas ese estado de cosas. Para muestra, su número más reciente, correspondiente al último trimestre de 2008. Dejemos a un lado las derivas igualitaristas, ecologistas, feministas, clasistas e internacionalistas y centrémonos, si les parece -espacio obliga-, en lo que constituye la perla de la revista.

Me refiero al artículo de Til Stegmann -abanderado de la lengua (y no precisamente alemana), cruz de Sant Jordi y premio Ramon Llull, entre otros méritos- titulado «Plurilingüisme o només angl_s? L´educació lingüística a l´escola». Tal vez porque el hombre ha dedicado su vida entera a esto, el texto ocupa siete páginas de la publicación -bien es verdad que la bibliografía, casi toda del propio autor, se lleva ya más de una página-. Pero lo esencial se encuentra justo al principio. Tras afirmar que el estudio del inglés no puede sino ir en detrimento del aprendizaje de las demás lenguas, Stegmann invita al lector -es decir, al enseñante balear- a quitarse de la cabeza esa idea de que hay que hablar una segunda lengua para poder comunicarse algún día con el prójimo. Según él (vuelvo a traducir), «esa idea es un formalismo puramente abstracto (...). Podemos convivir muy bien reduciendo nuestro horizonte de comunicatividad». Además, «el inglés es la lengua de Estados Unidos y de la propaganda americanizadora que se está comiendo el mundo», por lo que hay que renunciar a su aprendizaje y proponer, en todo caso, una lengua menos poderosa y menos peligrosa «para la libertad mental de la humanidad».

¿Y cuál debe ser, a su juicio, esa segunda lengua medio inútil, de andar por casa? Cualquiera. Es decir, todas y ninguna. Menos el inglés, claro. Y menos el catalán, que por algo es la primera y suprema. Así las cosas, Stegmann, ¿por qué no prueba con el castellano? Vamos, hombre, que hasta puede que los niños la entiendan.

Política exterior catalana.

Un artículo de Arcadi Espada, en El Mundo.

El arbitrario vaivén con que el periodismo encara la realidad (y que tanto ha hecho para disminuir su crédito) ha dejado en segundo plano el escandaloso viaje del vicepresidente Carod a Nueva York. El escándalo tiene vertientes distintas. De tipo grotesco, como el de la coincidencia con la proclamación de Obama. De tipo económico, como esa nueva bofetada de decenas de miles de euros que se estrellará contra la cara de los ciudadanos, gracias a la ontológica caradura de la política catalana. De tipo intelectual, como el que provoca la lectura de la conferencia que el vicepresidente pronunció en la Universidad de Nueva York, una suerte de enrojecedoras ridiculeces ensartadas, para cuyo aprecio basta con reproducir la última cuenta del collar: «Las decisiones ya no pueden ser tomadas sólo por los Estados, sólo por unos cuantos estados, sólo por los gobiernos ni tampoco, ni sobre todo, sólo en masculino.» Sobre todo, subrayó, y lo hizo en la Universidad de Nueva York.

Sin embargo todos esos escándalos empalidecen ante el escándalo político. La web del vicepresidente se abre, a las horas en que escribo, con este titular: «El vicepresidente del Govern reivindica la construcció d’una política internacional pròpia catalana», un oxímoron cuyo calado se advierte con sólo pensar en la influencia e importancia de la política internacional española. Es, en cualquier caso, un titular coherente con la conferencia y con la actividad pública de Carod en sus días neoyorquinos, destinados al lubricante ejercicio de la apología de Catalunya mediante el desprecio de España. La cuestión crucial, sin embargo, no es lo que haga Carod, ni siquiera lo que haga don José Montilla. Ambos son consecuentes nacionalistas, trabajan en función de los intereses de una élite local y el primer interés de la élite y de lo local es el debilitamiento de los vínculos con lo general. La cuestión realmente crucial (y asombrosa) es lo que está haciendo el presidente del Gobierno ante el despliegue de la política internacional catalana.

Un gobierno regional destina dinero y emociones a actividades que rompen el eje constitucional más elemental de cualquier Estado y el gobierno central no sólo las tolera sino que, frecuentemente, les presta apoyo logístico y resignación moral a través de la red diplomática española. Por si fuera poco, y como suele suceder con la política exterior, Gobierno y y Oposición van al unísono: aún se espera que el Partido Popular sea capaz de llevar este asunto al debate político español. Aún a riesgo de ganar votos, desde luego.

El arbitrario vaivén con que el periodismo encara la realidad (y que tanto ha hecho para disminuir su crédito) ha dejado en segundo plano el escandaloso viaje del vicepresidente Carod a Nueva York. El escándalo tiene vertientes distintas. De tipo grotesco, como el de la coincidencia con la proclamación de Obama. De tipo económico, como esa nueva bofetada de decenas de miles de euros que se estrellará contra la cara de los ciudadanos, gracias a la ontológica caradura de la política catalana. De tipo intelectual, como el que provoca la lectura de la conferencia que el vicepresidente pronunció en la Universidad de Nueva York, una suerte de enrojecedoras ridiculeces ensartadas, para cuyo aprecio basta con reproducir la última cuenta del collar: «Las decisiones ya no pueden ser tomadas sólo por los Estados, sólo por unos cuantos estados, sólo por los gobiernos ni tampoco, ni sobre todo, sólo en masculino.» Sobre todo, subrayó, y lo hizo en la Universidad de Nueva York.

Sin embargo todos esos escándalos empalidecen ante el escándalo político. La web del vicepresidente se abre, a las horas en que escribo, con este titular: «El vicepresidente del Govern reivindica la construcció d’una política internacional pròpia catalana», un oxímoron cuyo calado se advierte con sólo pensar en la influencia e importancia de la política internacional española. Es, en cualquier caso, un titular coherente con la conferencia y con la actividad pública de Carod en sus días neoyorquinos, destinados al lubricante ejercicio de la apología de Catalunya mediante el desprecio de España. La cuestión crucial, sin embargo, no es lo que haga Carod, ni siquiera lo que haga don José Montilla. Ambos son consecuentes nacionalistas, trabajan en función de los intereses de una élite local y el primer interés de la élite y de lo local es el debilitamiento de los vínculos con lo general. La cuestión realmente crucial (y asombrosa) es lo que está haciendo el presidente del Gobierno ante el despliegue de la política internacional catalana.

Un gobierno regional destina dinero y emociones a actividades que rompen el eje constitucional más elemental de cualquier Estado y el gobierno central no sólo las tolera sino que, frecuentemente, les presta apoyo logístico y resignación moral a través de la red diplomática española. Por si fuera poco, y como suele suceder con la política exterior, Gobierno y y Oposición van al unísono: aún se espera que el Partido Popular sea capaz de llevar este asunto al debate político español. Aún a riesgo de ganar votos, desde luego.

Los retos del 2009

Carmen Alcaide en El País:

El año 2008 ha terminado con gran preocupación y desconfianza de todos los agentes económicos y sociales. La desconfianza está provocada por los efectos de la crisis financiera internacional y española, el temor de los inversores a la aparición de nuevas noticias de quiebras y fraudes que pueden mermar sus ahorros, el temor de los trabajadores a perder sus empleos; la caída de las ventas, que, junto a la escasez de crédito, dificultan el funcionamiento de las empresas, hacen que las magnitudes fundamentales para el funcionamiento de la economía como son la producción, el consumo y la inversión presenten tendencias muy negativas y expectativas poco esperanzadoras.

Aunque comencemos 2009 con este panorama tan negativo, todos, empezando por los Gobiernos (estatal, autonómicos y locales), y continuando por los financieros, empresarios y ciudadanos en general, debemos plantearnos cómo acometer el año, cada uno con sus propias responsabilidades, para conseguir salir cuanto antes de esta situación. En mi opinión, ya no cabe la negación de las dificultades y los retos del nuevo año, que son muchos; los resumiría en dos categorías: corregir los excesos cometidos y recuperar la confianza.

En la primera categoría, los excesos cometidos en la última década han sido muchos y se han visto en especial reflejados en el excesivo nivel de endeudamiento del país. Confiados en la facilidad de financiación exterior, la deuda del país ha excedido el 10% del PIB, la tasa más elevada de toda Europa. El gasto por encima de los ingresos que ha generado ese endeudamiento se ha hecho en todos los ámbitos económicos.

En primer lugar, las administraciones públicas, la mayoría de las autonómicas y locales que, excepto el Estado, se han excedido con mucho en los gastos realizados por encima de sus capacidades de ingresos, endeudándose para muchas generaciones. Las instituciones financieras que han invertido en activos de riesgo cada vez más complicados y opacos, sin conocer siquiera cuál era la verdadera valoración de los mismos, ofreciéndoselos posteriormente a sus clientes como activos de calidad. Las grandes empresas que, olvidando el verdadero objetivo de su negocio, han realizado inversiones bursátiles y otras compras de activos con la expectativa de obtener fáciles beneficios. Los pequeños inversores que, animados por la obtención inicial de ganancias fáciles, se han endeudado por encima de su capacidad de financiación. También ha habido excesos grandes en los gastos corrientes: gastos de viajes, sueldos y bonus desmesurados en las grandes empresas, crecimiento excesivo de los gastos corrientes de las administraciones públicas, culto a los gastos corrientes de las familias a veces en base al endeudamiento de las mismas. El culto al gasto ha sido generalizado. La avaricia y la ostentación han sido dos variables no económicas que han provocado la crisis actual.

Y ahora toca ajustarse. Parte del ajuste vendrá obligado por la escasez de liquidez del sistema y la dificultad para financiar las deudas, pero el ajuste debería llevar a actitudes voluntarias más realistas y sensatas. Como consecuencia de estas actitudes, algunos, que no son precisamente los más responsables, ya están pagando caro estos excesos de la sociedad española. Son los asalariados y autónomos que se quedan sin trabajo y las pequeñas y medianas empresas que, además de ver disminuir sus ventas, no disponen del crédito necesario para mantener el negocio.

Por otra parte, la falta de confianza es generalizada. La desconfianza internacional hacia la capacidad de España para superar la crisis hace más difícil y más cara la financiación de la deuda. Acabamos de conocer la posible reducción de la valoración de la deuda española, que incidirá en su precio. La desconfianza de los inversores con expectativas de que los precios de los activos puedan continuar cayendo impide una mínima recuperación de la inversión. Los precios de las viviendas deben retroceder a niveles más acordes con las rentas y salarios de los ciudadanos para que se pueda absorber el exceso de oferta del mercado. La desconfianza de los consumidores, con temor de que su situación personal y familiar pueda empeorar, les hace más prudentes en los gastos. Es, por tanto, necesario hallar el camino para recuperar la confianza perdida y que las empresas puedan producir más y mejor; los inversores, invertir con seguridad y obtener rendimientos razonables, y los consumidores, comprar sin temor pero ajustándose a sus capacidades.

Sin embargo, una vez hechos los ajustes, contamos con algunos aspectos positivos en los que apoyar la deseada recuperación. Las autoridades monetarias están haciendo los esfuerzos necesarios para recuperar la estabilidad financiera aportando liquidez al sistema y bajando drásticamente los tipos de interés. Por otra parte, los precios del crudo y las materias primas se han moderado, eliminando uno de los factores desencadenantes de la crisis y provocando una reducción de la inflación que afectará positivamente a la renta de las familias.

Pero no hay que confiarse. Incluso en el escenario más optimista planteado en estos momentos con una posible recuperación de la economía en la última parte de 2009, es absolutamente necesario corregir los defectos estructurales de la economía productiva. El sector financiero tiene que recuperar su objetivo fundamental y conceder liquidez a las empresas de forma responsable. Las empresas deben ser más competitivas reduciendo costes y buscando huecos en mercados internacionales. El mercado laboral tiene que ganar en flexibilidad y adecuarse a las nuevas condiciones de los mercados. Las administraciones públicas, más eficaces pensando en el servicio a los ciudadanos, facilitando los trámites burocráticos, agilizando la justicia, especialmente en asuntos administrativos.

El Gobierno tiene su parte de responsabilidad y, además de asumirla, podría ayudar a que el ajuste sea más eficaz. No está mal que ayude a aliviar a los más desfavorecidos, con políticas sociales, a soportar la crisis. Pero no basta con eso, la recuperación vendrá necesariamente por la vía de las empresas que pueden crear empleo y actuar como catalizador de la confianza de todo el sistema. Hay que pensar en el medio y largo plazo, corregir las rigideces de nuestro mercado e invertir a futuro en educación, formación e innovación de procesos y productos. Los nuevos parámetros para la próxima década deberían ser trabajo, eficacia y austeridad.

Un chiste buenísimo con patas

Juan Manuel de Prada en el ABC:

MAGDALENA Álvarez no es un chiste malo, como afirma Montserrat Nebrera. Magdalena Álvarez es un chiste buenísimo con patas, un chiste cuyo acento andaluz nos impide reparar en la verdadera naturaleza de su humor, que reside en el donaire de sus conceptos. El humor de la ministra Álvarez suele ser absurdo, a mitad de camino entre el Groucho Marx de Sopa de ganso y el Miguel Mihura de Tres sombreros de copa. A un diputado que le censuraba que desde el Ministerio de Fomento se hubiese filtrado un vídeo sobre el accidente de Barajas la ministra Álvarez le espetó, toda indignada:
-Pero, ¿qué respeto tiene usted por las filtraciones?
Tampoco son extraños al humor de la ministra Álvarez los alambicados galimatías y los retruécanos grotescos; y así, para excusar sus tropezones lingüísticos, se ha explicado de la siguiente manera:
-Cuido tanto hablar, el hablar, que hablo peor, porque si hablara como siempre he hablado (...), pues me costaría menos porque pienso más rápido que estoy hablando.
A lo que nosotros podríamos responder, al estilo de aquel Feliciano de Silva parodiado por Cervantes: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece que, con razón, me quejo de la vuestra fabla». La ministra Álvarez piensa mucho lo que habla para que no pueda decirse de ella lo que Baltasar Gracián decía de la mujer, «que primero ejecuta y después piensa»; pero más le valiera que la tildasen de irreflexiva, porque reflexionando tanto sólo demuestra que sus conexiones neuronales son lo más parecido que uno pueda imaginar a un bebedero de patos. La expresión oral de la ministra Álvarez adolece de una dicción que piadosamente calificaremos de garrafal; y está, además, infestada de tal enjambre de anacolutos, inconsecuencias, tautologías, solecismos y demás inmundicias sintácticas, que uno, al escucharla, tiene la impresión vertiginosa de estar retrocediendo a un estadio remotísimo y elemental del lenguaje, allá donde el hombre aún sentía nostalgia del australopiteco. Claro que, ¿quién ha dicho que para ser ministro de progreso haga falta renegar del australopiteco de nuestras entretelas?
Los andaluces tienen acento, como lo tiene cualquier hijo de vecino; pero la dicción garrafal y la sintaxis inmunda no tienen una explicación geográfica, sino cultural. Se puede tener acento andaluz y una dicción limpia; se puede tener acento andaluz y una sintaxis esmeradísima. Yo incluso me atrevería a decir que los andaluces son quienes tienen, entre los españoles, mejor dicción y sintaxis; y por ello siempre han prohijado a los más cincelados poetas. A Montserrat Nebrera le cuesta comprender el acento andaluz, como a un andaluz le cuesta comprender el acento catalán; pero el problema de la ministra Álvarez no es de índole geográfica, sino cultural. Habla como lo haría un analfabeto; pero no como uno de aquellos analfabetos de antaño, que aprendían a hablar escuchando y leyendo el libro abierto de la naturaleza, sino como un analfabeto de hogaño, que sólo ha escuchado los sermones de su líder político y leído los prospectos publicitarios del partido que lo ha aupado a una dignidad que no le corresponde; sermones y prospectos de dicción garrafal y sintaxis inmunda que se han contagiado a su habla. Montserrat Nebrera, que se piensa menos lo que dice que la ministra Álvarez, lo ha formulado de forma expeditiva; y enseguida se le han echado encima, por solidaridad evolutiva, los australopitecos. Entre quienes, naturalmente, se cuentan sus compañeros de partido, esos señores a los que, según la doctrina establecida por cierto sabio getafense, votan los tontos de los cojones. Y, como unos señores a los que votan los tontos de los cojones han de ser, por necesidad, tontos al cuadrado con los cojones encogiditos, esto es, tontos útiles y acomplejados, le han abierto expediente a Nebrera, mientras al sabio getafense le hacen homenajes sus correligionarios. Y, como además de tontos útiles son tontos de baba, regalan a Montserrat Nebrera un libro de Juan Ramón Jiménez, el poeta que pedía a la inteligencia el nombre exacto de las cosas. No saben, los muy tontos, que a Juan Ramón le habrían dado los siete males, si hubiese oído hablar a la ministra Álvarez.

Las 17 Españas no se entienden.

Aunque parezca algo de sentido común, hasta este año los Gobiernos de Aragón y de Castilla y León no se habían puesto de acuerdo sobre cómo debe organizarse la atención sanitaria en las zonas limítrofes entre las dos comunidades. Qué ambulancia debe acudir, a qué hospital hay que trasladar al enfermo y quién lo paga. Convenios similares los han firmado también este año Castilla y León con Galicia y el País Vasco con Cantabria. Son, respectivamente, una comunidad del PP, otra del PSOE, otra gobernada por el PNV y otra con presidente regionalista, simplemente llegando a acuerdos entre ellas para facilitar la vida a sus ciudadanos.
Pero las cosas de sentido común no siempre forman parte de la agenda política. Enrique Gómez Campo es el director general de Desarrollo Autonómico del Ministerio de Administraciones Públicas, y reconoce que las comunidades autónomas "tienen la tendencia a no hablar entre sí". La percepción del ciudadano, gracias en parte al debate político, es que los problemas los debe solucionar el Estado. Nadie mira al vecino.

El terror de cualquier empresa que quiera operar en toda España (y de cualquier periodista de ámbito nacional, disculpe el lector la queja) es que alguien le diga: "Lo sentimos, pero eso es competencia autonómica". La descentralización del poder en España es un éxito incontestable. Pero en asuntos de competencia autonómica no es raro encontrarse con 17 sistemas distintos de contabilidad, normativas distintas o formas de aplicar una ley.

En una comparecencia parlamentaria reciente, el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, presentó un informe de fiscalización del sector público autonómico con datos de 2003. Núñez denunció que las diferentes formas de contabilidad de las comunidades "han limitado la posibilidad de ofrecer una información homogénea". Esto le sucede al Tribunal de Cuentas, pero son más conocidos casos como el de las listas de espera, donde hay una ocultación deliberada de los datos y nadie tiene poder para hacerlos públicos. Responsables del Gobierno reconocen que en ocasiones es más sencillo tener estadísticas de la UE que de España.

Un caso sangrante es el de la Ley de Dependencia, uno de los proyectos estrella del área social. Las autonomías, que son las que deben evaluar a las personas que requieren ayuda, envían sus datos al Ministerio de Educación y Política Social, que los publica en su web, pero algunas sólo aportan datos globales consignados a la casilla "sin especificar", lo que no permite saber si el afectado está efectivamente recibiendo la ayuda o no, ni de qué tipo (económica, plaza residencial, etc), lo que impide conocer el grado de cumplimiento de la ley.

La burocracia sanitaria es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el ciudadano, aunque nadie se vaya a quedar sin atención médica. "En la asistencia sanitaria un ciudadano español no debe tener problemas en ninguna parte del país", aclara Gómez Campo, porque los derechos en este ámbito son los mismos en toda España.

Pero hay otros ámbitos sanitarios donde se pueden dar problemas. Por ejemplo, en noviembre de 2006 la Comunidad Valenciana anunció que no pagaría las recetas de medicamentos firmadas en otras comunidades autónomas. La medida no afectó a turistas ni a viajeros de paso, pero sí a pueblos fronterizos de Castilla-La Mancha. Según el Gobierno valenciano, las farmacias fronterizas estaban dispensando un número muy importante de recetas de pacientes geriátricos de localidades fronterizas. Al no contar como habitantes valencianos, se producía una "desviación de fondos" de una comunidad a otra.

Curiosamente, aquel año el lobby Farmaindustria había denunciado que la Comunidad Valenciana tenía una deuda con las farmacéuticas de 607 millones de euros, el 28% de toda la deuda farmacéutica del sistema sanitario español, seguida por Andalucía y a mucha distancia de las demás.

Ante estos problemas, el PP pone la vista en el papel del Estado. "No hay un elemento homogeneizador y eso perjudica la libre disponibilidad del ciudadano, la movilidad", dice Juan Manuel Moreno, responsable de Política Autonómica del PP. Moreno aporta sus propios ejemplos a la descoordinación. Las licencias de pesca y de caza son distintas en todas las comunidades. Se puede tener licencia para pescar en una orilla de un río pero no en la otra orilla, donde, vaya usted a saber, a lo mejor hay una sombra más agradable. "Si vas en tren de Madrid a Barcelona con un perro, atraviesas tres comunidades con tres normativas distintas sobre protección de animales", expone Moreno.

El dirigente del PP apunta una cuestión que no pocos empresarios han denunciado, y es que se puede romper la unidad de mercado. "Por ejemplo, si quieres hacer una red de clínicas veterinarias, tienes que adaptarla a todas las normativas". Para Moreno, es un ejemplo de que "a veces, hacemos lo contrario de lo que hace la UE". Europa unifica criterios y España los divide por 17. Para este partido, el principal problema es no terminar de definir las competencias, que el Estado ejerza el liderazgo y garantice "la igualdad de derechos". "Nuestro modelo es complicado y muy caro. Tenemos una sensación de Estado inacabado que acabará por hacer de España un Estado inviable".

Sin embargo, hay asuntos en los que el Gobierno apenas puede hacer más que ofrecer un despacho de un ministerio para reunir a consejeros autonómicos y engrasar acuerdos. El portavoz de la Entesa Catalana en el Senado, Carles Bonet, suele bromear diciendo que el único sitio donde se reúnen las comunidades autónomas (y no todas) es la FORTA, el órgano que agrupa a las televisiones. Y si se puede llegar a acuerdos entre todos en materia de televisión, se tiene que poder sobre cualquier cosa.

Desde el PSOE ponen más el acento en el tempo del desarrollo autonómico que en los desajustes. Para María del Mar Moreno, responsable de Política Territorial, el Estado está "en proceso de construcción". Se han constituido las comunidades, se les ha dado competencias y dotación económica y después se ha reforzado la coordinación desde Madrid. "Estamos entrando en una fase, nueva y necesaria, donde hay que mejorar la coordinación horizontal [entre comunidades]", dice Mar Moreno. Un terreno donde "la Constitución no dice nada, porque no hay una cultura de colaboración que nazca de la Constitución".

Para Mar Moreno, son pocos todavía los asuntos exclusivos donde el Estado no tenga nada que decir. Pero además, "hay una limitación política, muy poca cultura política de cooperación y colaboración". Y añade: "Todo lo contrario. Hay cierto frentismo. Todos los asuntos que se ponen sobre la mesa tienden a contaminarse del debate político. Debería ser natural que una comunidad del PP se pusiera de acuerdo con otra del PSOE". Moreno rechaza también las quejas sobre la burocracia sanitaria: "No conozco un ciudadano español que no haya sido atendido en otra administración que no sea la suya. No tiene ninguna consecuencia práctica".

A la espera de que se concrete alguna fórmula, actualmente los convenios entre comunidades autónomas como los citados al principio son el único instrumento de cooperación que hay previsto. Sólo se han firmado 47 en toda la democracia, aunque su número aumenta cada legislatura. En toda, la pasada se firmaron 12, mientras que sólo en 2008 ya van una decena. Estos convenios se conocen porque la Constitución obliga a enviarlos al Senado para que dé su consentimiento (algo que hace sin pestañear) antes de ponerlos en práctica. La mayoría de estos convenios son en materia sanitaria. La semana que viene se firmará otro entre Castilla y León y Extremadura.

Joan Lerma es el presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que es la que tramita los convenios. "Estos problemas se pueden resolver con mayor cooperación entre las comunidades autónomas", opina Lerma. El ex presidente de la Comunidad Valenciana (1982-1995) cree que "una reunión entre las comunidades sin el Gobierno se mira con recelo, por una tradición centralista. Gracias en parte al discurso de la derecha, se ve como la antiespaña".

Por concretar, "que se reúnan las comunidades y se pongan de acuerdo en homologar las licencias de caza debería ser lo normal", dice Lerma. "En Alemania, los länder se reúnen precisamente para evitar que el Gobierno federal se meta en determinadas cuestiones y nadie piensa que eso sea poner en cuestión el Estado". Pero hay una resistencia difícil de vencer. Lerma pone como ejemplo el debate de la financiación autonómica. Es más fácil políticamente discutir con el Gobierno que con 16 iguales. Es más fácil reclamar a Zapatero que exponer tus argumentos enfrente posición. "Con el discurso actual, parece que todo el dinero sale del Estado, y no se ve que lo que piden se lo pueden estar quitando a la comunidad de al lado".

Dialecto leonés.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha tachado de desafortunadas las últimas declaraciones del Concejal de Nuevas Tecnologías y Cultura Leonesa, Abel Pardo, "una muestra más de la deriva irracional de UPL, en su plan de hacer del leonés, el eje de su campaña separatista".

Según Ciudadanos "el edil del Ayuntamiento de León manifiesta que se comenzarán a emitir los documentos del Consistorio también en leonés, ante la 'creciente demanda', para afirmar a continuación que sólo 104 personas en la ciudad estudian este dialecto".

Ciudadanos "considera ilógico y carente de sentido común abordar un gasto de recursos financieros y humanos como este, en la época que estamos pasando, y ante una demanda que no se puede considerar mayoritaria".

"Asistimos a un proceso de inmersión lingüística que no está más que en sus inicios, pero que se asemeja proporcionalmente a realidades como la imposición del catalán, el euskera y el gallego en sus respectivas Comunidades Autónomas. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía considera que el fomento de las lenguas, y en especial el de los dialectos no oficiales (recordemos que el actual Estatuto no llega a reconocer el leonés como tal) debe quedar circunscrito al ámbito de lo privado, y nunca debe hacerse con recursos públicos, tan necesarios en otros campos", asegura esta formación.

Por último Ciudadanos entiende que "esta deriva responde al interés de UPL de crear una realidad de artificio, con el leonés como instrumento aglutinador, que sustente sus intereses separatistas del resto de la Comunidad Autónoma".

El impuesto lingüístico que vamos a pagar entre todos.

Luis Míguez Macho, en El Semanal Digital:

Una de las aportaciones más sugerentes realizadas en el debate sobre financiación autonómica abierto en estos momentos es la que puso sobre la mesa hace unas semanas el presidente del Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño. Hasta ahora, cuando los representantes gallegos hablaban sobre financiación, pedían que, entre los criterios de asignación de los dineros del Estado a las Comunidades autónomas, se tuviesen en cuenta factores que afectan especialmente a Galicia, como la dispersión o el envejecimiento de la población, o incluso la carga que suponen las ayudas a nuestros emigrantes en el exterior.

Esto parece justo y razonable, pero ha quedado superado sobradamente por el hallazgo del actual presidente de la Xunta: otro factor que se debería tomar en consideración es el lingüístico. Sí, las Comunidades autónomas con otra lengua cooficial además del castellano necesitan más financiación que las que se conforman con este último.

En plena precampaña de las elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a aplaudir públicamente la genial ocurrencia. De esta manera, el tener lengua "propia" ya no sólo será el último reducto que diferencia a las Comunidades autónomas "históricas" de las demás (que deben de ser ahistóricas, ucrónicas o quizá intemporales), sino que, además, se convertirá en la base de un privilegio económico que los españoles pagaremos entre todos, tengamos lengua propia, impropia o mixta.

Pero seamos ecuánimes. Es cierto que contar con un régimen de cooficialidad lingüística es más caro que no tenerlo. Baste pensar en lo que cuesta la doble rotulación en las dos lenguas cooficiales, disponer en las oficinas públicas de todos los documentos en versión bilingüe o las traducciones de una a otra lengua para atender al ciudadano en la que libremente elija.

Ah, pero en nuestro peculiar sistema autonómico, justamente son el Estado y sus diversos organismos e instituciones los únicos que cumplen esas reglas elementales de todo régimen de cooficialidad lingüística. En la Galicia de Emilio Pérez Touriño (como antes en la de Manuel Fraga) ni la Administración autonómica ni las Administraciones locales ni otros entes públicos como las Universidades respetan la cooficialidad: los carteles y demás indicaciones están exclusivamente en gallego, los impresos se ofrecen sólo en gallego, los procedimientos se tramitan en gallego con independencia de la lengua utilizada por el administrado y, en definitiva, la única forma de conseguir un papel oficial en castellano es alegar que se va a utilizar fuera de Galicia.

Entonces, ¿dónde está el mayor coste económico que supone esta cooficialidad adulterada? Se lo voy a decir yo: en el sostenimiento del aparato burocrático de la "normalización" lingüística y de toda la red clientelar nacida y financiada en torno a la misma. Pero esto, desde luego, no lo deben pagar todos los españoles; lo debemos pagar con nuestros impuestos únicamente los habitantes de las Comunidades autónomas que disfrutan de lengua "propia", y que seguimos votando a políticos que hacen de la "normalización" lingüística uno de los fundamentos de la construcción de sociedades cerradas sumisas a su poder clientelar.

Sobre la propuesta de financiación del Gobierno...

La opinión de Ángel de la Fuente, en El País:

Hace unos días, el Gobierno hizo pública su propuesta de bases para la reforma de la financiación autonómica. El documento propone aumentar significativamente el peso de las cesiones tributarias en relación con las transferencias estatales como fuente de financiación regional y esboza un sistema complejo de reparto con tres grandes bloques de fondos. Los dos primeros, los Fondos de Garantía y de Suficiencia, estarían ligados respectivamente a la financiación de los servicios públicos considerados fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y a la del resto de las competencias autonómicas, mientras que el tercero incluiría recursos complementarios que se repartirían con criterios muy diversos.

El objetivo del Gobierno es que el documento sirva de base para consensuar la estructura del sistema antes de pasar a concretar sus detalles. La estrategia es acertada, porque, una vez haya números sobre la mesa, la atención de los gobiernos regionales se centrará únicamente en cuánto le toca a cada uno. Antes de llegar a este estadio, parece razonable intentar acotar la discusión, fijando al menos el esqueleto del sistema.

El documento contiene elementos muy positivos. El incremento de los porcentajes de cesión tributaria supone una mejora importante en el nivel de autonomía financiera de los gobiernos regionales y es también una condición necesaria, aunque no suficiente, para aumentar su grado de responsabilidad fiscal, mejorando así la rendición de cuentas a sus ciudadanos. La estructura básica del Fondo de Garantía que se dibuja en la propuesta es razonable y supone un avance significativo sobre la situación actual. Este fondo, que absorberá el grueso de los recursos del sistema, se financiará con un porcentaje de los ingresos tributarios cedidos a las autonomías y se repartirá basándose en criterios objetivos actualizados anualmente, con el fin de asegurar que todas las comunidades disfruten de la misma financiación por unidad de necesidad en cada momento, eliminando así muchas de las distorsiones del sistema actual. También se mejora apreciablemente la fórmula utilizada para calcular las necesidades de gasto, introduciendo la población en edad escolar como criterio básico de reparto para las competencias educativas y mejorando el indicador que se utiliza para distribuir la financiación sanitaria.

Otras partes del documento son menos satisfactorias. En primer lugar, el diseño del nuevo Fondo de Suficiencia queda demasiado en el aire. El documento sugiere que las comunidades se quedarán con la parte de los tributos cedidos no destinada al Fondo de Garantía y que el Estado complementará la financiación de las que obtengan menos recursos por esta vía y garantizará que nadie pierda financiación en relación con el sistema actual, pero no especifica cómo se determinarán las necesidades de gasto en competencias no consideradas básicas o hasta qué punto se nivelará este componente del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan estas cuestiones, podemos terminar con sistemas muy diferentes.

En segundo lugar, resulta preocupante la proliferación de fondos ad hoc con objetivos contrapuestos dentro del tercer bloque del sistema. En la propuesta se habla de recursos adicionales para regiones pobres y para regiones con niveles de financiación per cápita inferiores a la media o a su capacidad fiscal tras el reparto de los dos grandes fondos. A esto hay que añadir recursos para “compensar” (no se sabe muy bien por qué) a las regiones con mayores y menores tasas de crecimiento de la población y a todas aquellas que no tengan acceso a otros fondos especiales. Dejando de lado el coste de todo ello y el hecho de que resulta muy difícil contentar a todos cuando lo que les preocupa en muchos casos es su posición relativa y no absoluta, el problema fundamental con esta estrategia es que el intento de hacer a cada región un traje a medida puede desvirtuar los esfuerzos de racionalización que han guiado el diseño del Fondo de Garantía y amenaza con terminar perpetuando el principal vicio del sistema actual: la arbitrariedad de sus resultados.

Finalmente, el documento no entra en dos temas espinosos. El primero es la dinámica de la cláusula de statu quo. Está bien que nadie pierda dinero con el cambio de sistema, pero no debe permitirse que esta garantía congele el reparto sine die, como ha sucedido hasta ahora. El segundo es el cálculo de la llamada recaudación normativa, esto es, de la recaudación teórica por tributos cedidos que se utiliza para realizar los cálculos del sistema. Tal como ésta se fija actualmente, su importe es muy inferior a la recaudación real, lo que deja fuera del sistema muchos miles de millones de euros que, además, se reparten de forma muy desigual entre comunidades, contribuyendo muy notablemente a aumentar la arbitrariedad del reparto.

Para que el documento del Gobierno pueda cumplir su propósito, la propuesta tiene que ofrecer un margen suficiente de flexibilidad, pero también debería concretar la arquitectura del sistema con claridad. La tentación de posponer los asuntos más complicados es comprensible, pero, mientras éstos no se aborden, resulta difícil determinar si realmente hemos avanzado algo. Espero equivocarme, pero me temo que el acuerdo está más lejos de lo que el Gobierno piensa.

Libertad de expresión

2009, un año calentito.

El año 2009 estará entre los cinco más cálidos de los que se tiene registro histórico, según predijeron el pasado martes científicos del Met Office (la oficina meteorológica del Reino Unido) y de la Universidad de East Anglia (Norwich). Este grupo de expertos británicos pronostica que la temperatura media en el planeta se situará ese año en 14,44 grados centígrados, 0,44 grados por encima de la media oficial registrada desde la década de los 60.
Con los termómetros en ese nivel, el 2009 se convertiría en el año más caluroso desde el 2005 y confirmaría, según los meteorólogos, el lento pero constante aumento de las temperaturas en la Tierra.
Los registros sobre los que se establece la temperatura media, que comenzaron en el 1850, muestran que 10 de los años más calurosos en el último siglo y medio corresponden al periodo 1997-2008. El récord lo tiene por ahora 1998, año en el que la temperatura media alcanzó los 14,52 grados.
Está claro que el año que empieza será caluroso, y con la crisis, el tripartit y los políticos que nos han tocado en suerte, podemos afirmar que también será calentito.

Cuando Montilla gritaba ¡Viva España!

Puede que sea por la Navidad, pero cuando he visto este video se me han humedecido los ojos. Hace poco más de cuatro años José Montilla gritaba un emotivo ¡Viva España!

Criminalizar

Arcadi Espada en el Mundo.


El documento central del Plan para la Inmigración de la Generalitat incluye un capítulo dedicado a la lengua catalana, su promoción y obligación. Y en el total de las 56 páginas, hay 13 referencias a la lengua. Contrastadamente no hay un capítulo específico dedicado al crimen de pareja; es más, ni esa expresión ni ninguna asociada aparecen en el documento. Los números no dan cuenta tan sólo del grotesco carácter de las políticas nacionalistas; hay algo más y está vinculado con una indecencia general del modo de hacer política en España. El periódico ponía ayer de relieve la indecencia. «Clara, una venezolana de 35 años...», «Jeannette R.D., una mujer de origen sudamericano», «El compañero sentimental de la mujer, de origen bosnio, al igual que la víctima». Obviamente no me habría atrevido a encadenar estas cuentas de sangre si una página atrás y en una vergonzante columna no hubiese aparecido la diacronía: entre 1999 y 2007 murieron asesinadas por sus parejas o ex parejas 561 mujeres. El 40% de las víctimas fueron extranjeras. Un porcentaje aún más espectacular y terrible si se tiene en cuenta que las extranjeras representan el 9% de la población. Y que aún debería completarse con otras cifras, a buen seguro turbadoras: el porcentaje total de extranjeros vinculados a los crímenes contra españolas y el número de mujeres extranjeras maltratadas y de extranjeros maltratadores. Y sin dejar aparte (¿por qué habría de hacerse?) los crímenes de pareja contra individuos del mismo sexo.

Números muy desagradables, desde cualquier punto de vista, excepto desde uno: la benéfica evolución de la convivencia entre hombres y mujeres autóctonos. Sólo un necio relativismo moral puede empañar esta consideración. Pero los números demuestran algo más urgente que la celebración y es la necesidad de una acción contundente y desacomplejada de los poderes públicos. La intervención no va a hacer que la violencia se evapore. Pero la política, la política que elabora planes sobre la inmigración, no puede seguir imperturbable ante estas cifras. En cualquier otra circunstancia ya estarían llamándole genocidio con su gran bocaza abierta. Si la intervención no se ha producido hasta ahora en los términos aconsejables es porque el pensamiento correcto y gubernamental teme criminalizar a los inmigrantes. ¡Como si le importara mucho criminalizar con su acción y su léxico al conjunto de varones! ¡Como si los planes lingüísticos no criminalizaran a los inmigrantes, acusándoles del peor crimen de España, que es el crimen de lengua! ¡Cómo si fuera criminalizar a los jóvenes el haber hecho campañas específicas contra los accidentes de tráfico en ese segmento de edad!

El pensamiento correcto muestra a las víctimas su cara más hórrida: antes que criminalizar, mejor el crimen.

(Coda: «Las mujeres inmigrantes protagonizan las noticias relacionadas con la violencia de género, lo que además contribuye a aumentar la criminalización de los varones inmigrantes.» Lola Pérez, www.aulaintercultural.org.)