"El Rey estaría más seguro sin el juego de los nacionalistas"

http://www.lanacion.es/espana/2009071515264/el-rey-estaria-mas-seguro-sin-el-juego-de-los-nacionalistas

ERC se jacta de haber ganado al estado español

El espectáculo de la financiación autonómica

Joseba Arregui en El Mundo.


AYER se produjo al fin el parto de los montes y la ministra de Economía, Elena Salgado, presentó la propuesta del Gobierno de financiación autonómica. Unos habrán quedado contentos, otros insatisfechos. Suponiendo que el límite temporal máximo no tenga que ser prorrogado una vez más. Más difícil de creer es que se haya encontrado la fórmula de estabilidad que tanto necesita, no sólo la propia financiación autonómica, sino España como Estado.

El espectáculo vivido a lo largo del último año es, cuando menos, penoso. A no pocos ha recordado tiempos ya pasados en los que el emperador recibía a los príncipes electores para preguntarles qué es lo que querían. Y a unos les concedía un favor, a otros una regalía, a otros algún tipo de apoyo en sus luchas particulares... Dando por sentado que la finalidad de la ronda de visitas no era el bien del conjunto, ni siquiera el bien particular de cada territorio, sino asegurarse la lealtad de los príncipes.

Algo de lo que está sucediendo con la financiación autonómica es comprensible dada la indefinición del reparto del poder territorial que caracteriza a la Constitución española: ni se definía el número de autonomías, ni se definía el modelo. Abría varias vías, algunas de las cuales han ido confluyendo. La financiación de las autonomías, de las que hubiere, quedaba al aire menos en el caso de las que contaban con el sistema de concierto: País Vasco y Navarra.

Treinta años después, sin embargo, el modelo se va aproximando a su cierre. Todo el territorio del Estado está organizado en autonomías -quedan pendientes Ceuta y Melilla-. Y todas han ido accediendo al máximo de competencias reconocidas a las nacionalidades. El proceso de transferencias está casi acabado. Ha llegado, por tanto, la hora de pensar seriamente en el cierre del modelo.

Y ello requiere responder a la pregunta -mal respondida con el actual Senado- de cómo se representa al conjunto del Estado en virtud de la pluralidad de territorios, completando la representación del conjunto desde la perspectiva de la igualdad de los ciudadanos que se refleja en el Congreso. Y el cierre del modelo requiere establecer de forma definitiva -que no significa ni inflexible ni inmovilista- la financiación del Estado autonómico. Y requiere también adecuar el lenguaje a la realidad del Estado que es España.

No es posible continuar hablando de lo que cada autonomía pide al Estado, como si las autonomías no fueran Estado. Lo son, y muchas veces se les pide a sus gobernantes que actúen con sentido de Estado. Pero entonces no se puede seguir hablando de la cesión de impuestos a las autonomías, como si los recursos fueran propiedad de la Administración central, y no del Estado, es decir, como si esos recursos no fueran, por definición, también propiedad de las autonomías. Todos son Estado: la Administración central, las autonomías, los ayuntamientos, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial.

En todos los estados compuestos, la financiación está sujeta, por un lado, a unos principios básicos, claramente definidos, y, por otro, a la discusión de los ajustes necesarios por los cambios que van definiendo la realidad. Tomemos, de forma simplificada, el caso de Alemania, del que tanto se usa y abusa: la Constitución de la República Federal establece que el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades se lo reparten a medias, al 50%, la federación y los länder. Los ingresos del IVA son también correspondientes a ambos niveles de gobierno, pero debe ser establecido, y puede ser cambiado, por una ley federal que requiere de la aprobación del Senado -representación del conjunto del Estado desde la perspectiva de la pluralidad de los distintos territorios, y compuesto por los gobiernos de los länder-. Después de las discusiones provocadas por la reunificación, por poner un ejemplo en el tiempo, el año 1993 el reparto quedó de la manera siguiente: 44% para los länder, 56% para la federación.

Esta distribución de las grandes cantidades no evita que exista un debate permanente sobre la financiación, especialmente sobre el reequilibrio financiero entre los länder. Länder ricos como Baviera, Hesse (Frankfurt) y Baden-Württenberg elevaron su queja al tribunal constitucional entendiendo que pagaban demasiado. Su recurso fue denegado. Y todos toman como ejemplo del buen funcionamiento del reequilibrio el que la pobre Baviera de 1945, tan necesitada de la ayuda de los estados ricos, sea ahora una de las regiones más desarrolladas, punteras y ricas de Alemania gracias a las aportaciones de las regiones ricas.

Es necesario establecer criterios claros. En este punto tienen razón los catalanes, que así lo reclaman, más allá de determinadas cantidades concretas. También tienen razón cuando critican que la lógica actual, que pone patas arriba el ranking de autonomías en el PIB con un ranking de gasto público por habitante sin ninguna relación con el puesto en el PIB, no posee ninguna coherencia. Pero no tienen razón cuando dicen que el Estado, es decir, la Administración central, debe tener interés en que Cataluña siga siendo la economía puntera que ha sido hasta ahora, pues ello significaría que lo que ha sido producto de la historia no tiene más remedio que seguir siéndolo por toda la eternidad.

Es difícilmente comprensible el recurso a los distintos criterios y variables que se argumentan para recibir mayor financiación. Pongamos el caso de la población: si ésta ha aumentado de forma mayor que la media, en especial por el incremento de la inmigración, el 50% del impuesto sobre la renta multiplicado por el aumento de la población activa ya de por sí produce un aumento de la financiación. El problema de las distintas variaciones que favorecen a unos y resultan inaceptables para otros pertenecen al ámbito de los reequilibrios entre las distintas autonomías, y a la posibilidad de actuación discriminada que puede llevar a cabo el Gobierno central, siempre que éste cuente con recursos suficientes y siempre que la autonomía que lo necesite esté dispuesta a hacer un esfuerzo propio.

NO SÉ si sería necesario ni conveniente elevar a rango constitucional los criterios básicos que regulen el reparto de los recursos procedentes de los grandes impuestos entre la Administración general y las autonomías. Pero es algo que debiera quedar fuera del debate permanente sobre la financiación autonómica, y que debiera adquirir el peso de criterio definido. Queda suficiente espacio para el debate en lo que al reequilibrio financiero entre las autonomías se refiere, y en el papel a cumplir por la administración general en la superación de los grandes desequilibrios regionales.

Pero el debate actual sobre financiación autonómica, unido a la propagación de la voluntad de bilateralidad en la relación de cada autonomía con la Administración general, aunque la referencia sea siempre, y es muy significativo, con el Estado, produce inestabilidad y hace que éste, en lugar de serlo, parezca un bazar oriental en el que todo está sometido a la capacidad no del que más puje, sino del que tenga mayor capacidad de chantaje.

Es incomprensible que, a estas alturas del desarrollo autonómico, los dos grandes partidos no intenten acordar unos principios reguladores que doten a todo el proceso de estabilidad, definición, dirección y cohesión. Claro que para ello PSOE y PP debieran obtener claridad sobre los principios básicos que regulan los estados federales: la lealtad federal -del todo con las partes y de las partes con el todo-, el principio de que ley federal se impone a la normativa de los länders -Bundesrecht bricht Landesrecht- y, sobre todo, lo que el ex ministro de Interior en tiempos de Helmut Schmidt decía recientemente en Bilbao: «Las autonomías deben entender como su cometido el bien del conjunto».

¿Es imprescindible la mano de obra?

El coche de Zapatero

Un coche que no sabe si va o viene.

Federico se despide de la Cope

¿Por qué no me callo?

Mentiras y gordas de una Ministra de Cultura.

No hace falta ser médico para ser ministro de Sanidad ni militar para serlo de Defensa. Bien pensado, es lógico que la nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde sea cómplice del guión de "Mentiras y Gordas"



Un bodrio infumable, con un guión sonrojante. Eso sí, un éxito de taquilla y la autopista hacia el ministerio de Cultura.

Entre los escombros de babel

Fernando García de Cortázar en el ABC


«Ahora, pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que no se entiendan los unos con los otros». Así dice la Biblia que Dios castigó la soberbia de los hombres, en su deseo de construir una torre con la que conquistar el cielo: por eso se la llamó Babel que es lo mismo que decir, confusión , balbuceo. Así parece que algunos grupos políticos quieren reconstruir en España un paraíso políglota para uso y disfrute de viajeros románticos, cerrando espacios a la libre y fácil circulación de ciudadanos, levantando por aquí y por allá aduanas lingüísticas.
Lamentablemente, la posibilidad de entenderse en una lengua común, elogiada, incluso, por el poeta catalanista Aribau en 1817, ya no se ve en España como una ventaja, sino como una penitencia impuesta por Goliats implacables y abusivos. Hoy es una moda casi unánime alegrarse por nuestra valiosa riqueza lingüística, y a nadie le sorprende que esas hablas recónditas, propias de algún verde valle asturiano, aragonés, leonés o extremeño, sean la delicia de los políticos regionales. Los partidarios de Babel están tan convencidos de que multiplicar las lenguas multiplica la riqueza cultural que, algunos, hasta se animan a exportar su autocomplaciente receta por medio mundo. Y así, en marzo de este año, gracias a la televisión catalana, hemos podido ver a Carod Rovira dedicando un millón de euros a fomentar el bilingüismo entre los indios shuars del Ecuador. Dinero de los españoles para que aquéllos aprendan su propia y antiquísima lengua. La imagen del político nacionalista aceptando la lanza india que le ofrecía el jefe shuar en perfecto castellano y medio en cueros, además de grotesca, demuestra que Unamuno no se equivocaba cuando, ya hace más de noventa años, dijo que el ideal de ciertas gentes es ver cada terruño con su lengua rústica.
Rectificar lo tradicional por lo racional fue la consigna y el proyecto de Azaña en la Segunda República. Las lenguas tienen una finalidad utilitaria: sirven fundamentalmente para comunicarse, y aquellas que tienen alcance universal, como el inglés, como el español, son puentes, instrumentos de unión y no de aislamiento. Esto, al menos, nos dicen la razón y la historia. Pero esta concepción de la lengua apenas ha tenido peso en la España de las comunidades autónomas. Aquí, lo tradicional corrige lo racional. Aquí, una lengua, cualquier lengua, es mucho más que algo para entenderse. Aquí, quien más quien menos, se ha ido adhiriendo al ideario nacionalista, según el cual la lengua no la hablan las personas sino los pueblos, o peor aún, los territorios.
«Normalización» ha sido y es la amenazadora palabra utilizada por los gestores de las comunidades bilingües para implantar la lengua autóctona, y minoritaria, en todos los ámbitos de la vida oficial y social de la región, relegando al castellano a un papel secundario de vehículo de comunicación con el resto de España y un nivel similar al que supone el inglés en las relaciones internacionales. Y para que este implacable proceso de planificación cultural alcance su meta, cualquier despilfarro parece justificado. En 2008 la Generalitat catalana invirtió 42 millones de euros en Política Lingüística, el doble que en 2007, mientras que Baleares gastó más de seis y la Xunta del desaparecido Touriño alrededor de 23. Todo, dinero público para que no se hable castellano.
Este brutal eufemismo, «normalización lingüística», acompañado por gestos de doncella azorada ante los imaginarios ultrajes del lucifer castellano, está diseñado para despertar simpatía y comprensión. Pero detrás de esa puesta en escena se oculta un deseo de homogeneización contrario al pluralismo social, además de una grosera conquista y conservación del poder político y de control del erario público por parte de ciertas elites regionales, ansiosas de promoción social. El término, hoy en boca de todos, me recuerda las tergiversaciones verbales de los partes alemanes de la Primera Guerra Mundial: por ejemplo, «avance elástico sobre la retaguardia» para no decir retroceso. Porque si nos atenemos a la normalidad, o a la integración y cohesión social de la que nos hablan una y otra vez las autoridades regionales, la lengua a proteger debería ser el castellano, la lengua común y de la mayoría de catalanes, vascos, gallegos o baleáricos , la del resto de españoles y la de mayor parte de los trabajadores emigrantes. Pero los nacionalismos y asimilados siempre dan por hecho que su proyecto político es algo escrito en las estrellas, un derecho natural, casi divino. Y por lo que respecta a sus planes lingüísticos, han conseguido que la mayoría de españoles se muestren aquiescentes y sumisos, cuando no entusiastas, como en el caso de los socialistas catalanes y de Baleares, fanáticamente incorporados al aquelarre de los atentados contra los derechos de los castellanohablantes.
Hace muchos años que Ortega se lamentaba: «¿No es cruel sarcasmo que luego de tres siglos y medio de descarriado vagar, se nos proponga seguir en la senda tradicional?». Sarcasmo aún mayor: que, en pleno siglo XXI, no sólo siga en pie esa propuesta, sino que triunfe. Lo supo ver, con claridad desmitificadora, el llorado filólogo Juan Ramón Lodares, quien hace ya tiempo advirtió que esta España de los pueblos que se nos presenta ahora como el colmo de la modernidad, con sus ricas lenguas oficiales y sus otras muchas variedades dignas de especial protección por los gobiernos autónomos es, en esencia, una España antiquísima. La que irritaba a Ortega y Azaña. La de los tradicionalistas revestidos ahora de nacionalismo. La de siempre.
Y no deja de ser paradójico que mientras Zapatero se llena la boca proclamando su cruzada en defensa de las libertades, su Gobierno mire pudorosamente hacia otro lado cuando éstas se asfixian en el ámbito lingüístico. ¿Cómo cerrar los ojos ante los millones de personas que se ven postergadas y a veces coaccionadas por el simple hecho de querer utilizar su propio idioma de alcance universal? ¿Cómo ignorar la célebre policía de la lengua catalana o los tribunales que amparan las denuncias anónimas y multan los usos lingüísticos que desagradan a los nacionalistas y socialistas? ¿Cómo no sentir claustrofobia e indignación ante la agresiva campaña del gobierno balear para sustituir el bilingüismo en las islas por un predominio absoluto del catalán?
Lo más triste... que hasta ahora los fundamentalistas de la «normalización» han conseguido confundir el problema con su denuncia y convertir en verdugos a las víctimas. Las quejas se acallan diciendo que no hay quejas, acusando a los descontentos de querer levantar polémica, o tachando a aquellos ciudadanos que denuncian la discriminación lingüística de fachas y retrógrados. Así de fácil. Así de cínico.
Pero no es cierto, como se lamentaba Jonathan Swift, que no se gana nada con defender la libertad. Siempre se gana algo, aunque sólo sea la conciencia de la propia esclavitud. Y cuando me hablan del compromiso de Patxi López en defensa de la libertad lingüística, recuerdo vivamente el coraje de las plataformas cívicas que mantienen esa llama en unos territorios donde la democracia y la razón se pervierten a golpe de anacronismo e ilegalidad. Y escucho el sonido de sus voces, y sus palabras llenas de sensatez, y comprendo su valiente escepticismo, pues saben que la tiránica hegemonía de las lenguas minoritarias no se ha edificado sobre las virtudes de los nacionalistas, sino sobre la hipocresía de los conversos y la pusilanimidad o los silencios de los demás.

De la Vega preguntada por su apoyo a Saiz

¿Qué es la LEC?

La España de Zapatero